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Conindustria propone alcanzar una propuesta electoral con garantías y transparencia

6 de febrero de 2018
La Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, hace pública su posición ante los eventos políticos que pretenden dar respuesta a la destrucción sin parangón de la que están siendo objeto la sociedad, la institucionalidad, la economía y las empresas venezolanas.


La población venezolana y sus empresas están siendo aniquiladas como consecuencia de la imposibilidad de contar con los elementos materiales esenciales para la vida, para la convivencia, para la seguridad y para el desarrollo;  elementos normales y naturales de los que gozan los países estructurados en los cuales los gobernantes pretenden, con honestidad, condiciones que produzcan seguridad personal y jurídica, estabilidad económica para la producción de bienes y  los acuerdos políticos para la convivencia democrática, con lo cual se construyen las condiciones satisfactorias para la vida y la prosperidad de sus ciudadanos.  La destrucción en curso del tejido social venezolano se evidencia en la población que está siendo obligada a desplazarse hacia otros países, en busca de las posibilidades de vida que en Venezuela hoy se le niega.

Los ciudadanos aspiramos a un mejor mañana y para eso es necesaria la reconstrucción social, institucional, económica y de infraestructura de nuestro país. Ello pasa por la capacidad de alcanzar acuerdos de convivencia en el marco de una visión compartida de la nación que los venezolanos juntos queremos construir.  La esencia de la política es la capacidad para impulsar esa visión a través de la negociación que produce legitimidad, en el marco de la Constitución vigente y con liderazgos cuya compresión de las necesidades, su carisma, ideas y capacidad de organización representen y satisfagan las expectativas de los ciudadanos.

Los acuerdos que los venezolanos necesitamos se deben construir en democracia. La democracia no es un resultado, sino un procedimiento que se respeta escrupulosamente.  Uno de los elementos básicos de la democracia es la capacidad de escoger, mediante elecciones, la visión de país que queremos y los gobernantes que darán vida a esa aspiración. Esas elecciones requieren ser la expresión honesta y verdadera de la población.  La voluntad del voto no puede ser obstruida, manipulada o distorsionada para que produzca un resultado que no goce de legitimidad.  En consecuencia, el resguardo del mecanismo del voto requiere de las condiciones necesarias y suficientes que garanticen la integridad, transparencia e imparcialidad del proceso de votación. En Venezuela hoy estas condiciones deben incluir:
  1. Un Consejo Nacional Electoral imparcial constituido según lo establece el artículo 296 de la Constitución vigente.
  1. Un Registro Electoral (REP) depurado, auditado por representantes de los partidos políticos, en el cual los centros de votación sean de la elección de los votantes y que reconozca y respete el derecho al sufragio de todos aquellos venezolanos que estén transitoria o definitivamente en el exterior de Venezuela.
  1. Observación internacional por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Comunidad Europea y de representantes del “Grupo de Lima”, que evalúen y validen el proceso electoral, incluyendo el que ningún ciudadano, o sus familiares, sean coaccionados ni por amenazas de despidos ni por impedirle acceso a bienes públicos, como lo son las bolsas de alimentos o la vivienda.
  1. Observación internacional que califique la equidad en el uso de los medios de comunicación del Estado para todos los candidatos que se hayan postulado.
  1. Integrantes y testigos de mesas elegidos por sorteo público y transparente, que cuenten con acceso y resguardo garantizado, y supervisado por organismos internacionales aceptados por los todas las partes involucradas, en cada uno de los centros de votación.
  1. Eliminación de las limitaciones que inhabilitan a ciudadanos y partidos políticos.
    Acompañamiento y auditoría internacional plural a la contabilización de los resultados de la votación.
  1. Un tiempo acordado entre las partes, que no podrá ser inferior a los 4 meses, para la convocatoria indispensable que permita la preparación de las partes y la divulgación de información a la ciudadanía para acudir al proceso electoral.

Si las elecciones presidenciales que están siendo objeto de negociación en República Dominicana no satisfacen los requerimientos arriba señalados, los resultados que éstas puedan producir no serán representativos de la opinión popular y, por ende, carecerán de la legitimidad necesaria. En consecuencia, la elección que se ha propuesto para que se celebre antes de finales de abril de este año 2018 no puede ser aceptada. Los representantes de las distintas instancias políticas que han participado en estas negociaciones saben perfectamente que la sociedad premiará con su participación y acompañamiento los acuerdos que se traduzcan en elecciones transparentes, imparciales y representativas, así como castigará aquello que se perciba como la prevalencia de intereses o metas individuales.  Por tanto, llamamos a no aceptar propuestas electorales que carezcan de las garantías suficientes para que el resultado sea la expresión libre, clara y honesta de cada uno de los ciudadanos.  




Caracas, 05 de febrero de 2018


Gerencia de Comunicación e Imagen
CONINDUSTRIA
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