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Academia Nacional de Ciencias Económicas: El petro es combustible para la inflación

"Desgraciadamente, se ha venido destruyendo la actividad productiva, comercial y financiera del país, con políticas que acosan al sector privado", lamentó la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

12/02/2020
La Academia Nacional de Ciencias Económicas aseveró que el petro añade más combustible al fuego de la inflación.


La ANCE publicó un comunicado en el que ofreció sus impresiones sobre la aprobación de los últimos decretos constituyentes en materia tributaria. Calificó de írritos dichos decretos por violar la reserva legal de la Asamblea Nacional.

«Desgraciadamente, se ha venido destruyendo la actividad productiva, comercial y financiera del país, con políticas que acosan al sector privado. En consecuencia, la base tributaria se ha encogido a niveles que impiden financiar el gasto público», indicó.

Señaló la incapacidad de la banca para financiar el gasto, debido a que sus activos se han reducido en 90% desde 2013.

«Lamentablemente, en vez de rectificar sus políticas, el régimen se ha recostado en la emisión monetaria –dinero inorgánico— para cerrar la brecha entre ingresos y gastos», criticó.

La ANCE recordó que la criptomoneda nacional petro sigue sin reportar beneficios para la nación. Alertó sobre que su uso está restringido por el gobierno de Estados Unidos.

A continuación, lea el comunicado completo:
La Academia Nacional de Ciencias Económicas se dirige a la nación con relación a la aprobación de unos “decretos constituyentes” en materia tributaria por parte de una asamblea sin potestad para ello (ANC), que reforman el Código Orgánico Tributario (COT), la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) y la Ley de Impuesto al valor Agregado (IVA).

En primer lugar, debe señalarse que tales “decretos” son írritos al violar la reserva legal de la Asamblea Nacional sobre materia tributaria (artículos 187, # 6; y 317 de la CRBV). En lo que respecta a lo económico, perpetúan y profundizan errores que viene cometiendo el régimen al tratar estos asuntos.

El fortalecimiento de los ingresos tributarios, que se supone es el fin propuesto en las reformas, es función de la fortaleza de la economía.

Desgraciadamente, se ha venido destruyendo la actividad productiva, comercial y financiera del país, con políticas que acosan al sector privado. En consecuencia, la base tributaria se ha encogido a niveles que impiden financiar el gasto público. Pdvsa, por su parte, produce hoy menos de la tercera parte de hace seis años. Los robos, despilfarros y corruptelas han mermado, además, su flujo de caja, llevando al gobierno a exonerar a dicha empresa del pago del ISLR. Con ello disminuye aún más su contribución tributaria.

Debe recordarse que la República está en default con sus acreedores internacionales, por lo no puede financiarse con crédito externo.

Tampoco la banca nacional está en capacidad de financiar el gasto, pues sus activos se han reducido en un 90% desde 2013.

Lamentablemente, en vez de rectificar sus políticas, el régimen se ha recostado en la emisión monetaria –dinero “inorgánico”— para cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Ello convirtió la inflación en hiperinflación desde finales de 2017, destruyendo los ingresos de la población y reduciendo aún más los ingresos tributarios reales.

En vez de enfilar medidas contra la inflación para evitar que la recaudación tributaria se vuelva agua, los supuestos decretos descargan sobre el contribuyente mayores impuestos y multas indexadas a la divisa.

En efecto, la reforma en la Ley al Impuesto al Valor Agregado (IVA) crea una sobretasa (del 5% hasta un 25%) sobre la alícuota general de 16%, cuando la venta de bienes o la prestación de servicios se haga en divisas o en una criptomoneda distinta al “Petro”. Incluye operaciones exentas y ventas de bienes inmuebles, pactadas y pagadas en moneda extranjera. También establece una alícuota extra (entre un 15% y un 25%), en el caso de “bienes y prestaciones de servicios de consumo suntuario” como vehículos, cuyo valor en aduanas o de fabricación en el país superen los 40 mil dólares, aeronaves civiles, joyas y relojes con un precio superior a 300 dólares y armas, entre otros.

Por su parte, la reforma de la Ley de Aduanas reduce a cerca de 2.000 el número de productos importados exonerados de arancel de aduanas y de IVA. De manera absurda, siguen exonerados algunos productos de consumo suntuario, pero se cobran aranceles a insumos y materias primas que necesitan las empresas locales para generar producción interna.

Las reformas también incrementan la incertidumbre en materia tributaria. A través de la reforma del Código Orgánico Tributario se indexa diariamente el pago por multas a la divisa que tenga el mayor tipo de cambio entre los que publica el Banco Central de Venezuela y no con base a la unidad tributaria, cuyo poder de indexación ha perdido sentido por su temporalidad anual. Además, se pretende anclar el valor de la unidad tributaria al “Petro”, título de deuda pública no legal, de escasísima confianza y credibilidad, como ya ha sido caracterizado por este cuerpo.

No es aceptado como medio de pago internacionalmente y el gobierno de los EE UU sanciona su uso. Su aceptación como valor o como medio de pago descansa exclusivamente en su capacidad de ser redimido eventualmente en bolívares, lo cual –en ausencia de actividad productiva alguna que lo respalde– sólo puede hacerse imprimiendo más bolívares. Es decir, el “Petro” añade más combustible al fuego de la inflación.

Las reformas constituyen medidas fiscales espurias cuyo objeto es levantar recursos en una economía deprimida, contrario a lo que debería ser el ejercicio de una política fiscal contracíclica. Son punitivas, ya que aumentan impuestos y multas, y reduce los lapsos procesales para dirimir reclamos. Introducen un elemento de incertidumbre inaceptable, al cuantificar las multas en términos de un número de “…veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el BCV”, no conocido de antemano. Incrementa la carga tributaria del escaso número de contribuyentes que quedan y no ataca de forma consistente el financiamiento monetario del gasto. Penalizan, además, la incipiente liberalización cambiaria con impuestos a las transacciones en divisas.

El gravamen doble que supone la reforma de la Ley del IVA aumentará el incumplimiento y la evasión, por lo que tendrá un efecto marginal en la recaudación. La eliminación de la exoneración en el pago de aranceles e IVA sobre ciertos productos importados podría simplemente hacer que se reduzcan, en detrimento del consumo doméstico.

Por estas y otras razones, las pretendidas reformas sólo habrán de agravar aún más la precaria situación de la economía venezolana, profundizando la situación de hambre y miseria de inmensas mayorías.

Es responsabilidad de esta corporación señalar que la verdadera solución a las insuficiencias en las finanzas públicas está en la reactivación de la economía, con un marco institucional de garantías que provea confianza a inversores, trabajadores, comerciantes y público en general, acompañado de una profunda reforma fiscal y de gestión de las empresas del estado. Es menester acabar con la corrupción, obligando a la transparencia y la rendición de cuentas públicas, y desmantelando las sanciones punitivas y los controles, a la vez que se pasen a manos privadas empresas que son un desaguadero de recursos. Ello debe acompañarse de un programa de estabilización macroeconómica que abata la inflación y estabilice el precio de la divisa, apoyado en un generoso financiamiento internacional.

La economía venezolana, a causa de los errores en su conducción, instrumentados a lo largo de estos años, está en gravedad de muerte, con terribles consecuencias para el sustento de los venezolanos. Durante el período constitucional de Nicolás Maduro, esta Academia Nacional de Ciencias Económicas hizo reiterados señalamientos sobre la necesidad de introducir correctivos a las políticas económicas y ofreció asistencia para su aplicación. Lamentablemente, no fuimos tomadas en cuenta.

La conclusión a que se llega no puede ser otra, por ende, que la necesidad de un cambio en la conducción del país para que la economía responda en beneficio de las inmensas mayorías.

Con información de El Nacional
 
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