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La causa extraña no imputable en tiempos de Covid-19

La referida suspensión no aplica para tribunales con competencia en materia penal, así como tampoco para tramitar y sentenciar los recursos de amparo constitucional que a bien quisiera incoar los interesados.

31/07/2020
El pasado 13 de marzo de 2020, la Presidencia de la República dictó el Decreto Nro. 4.160 mediante el cual declaró el estado de Alarma en todo el territorio nacional motivado a la Pandemia por el Covid-19, declarada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del presente año y por tanto, a partir del 16 de marzo del presente año se acordó suspender  por 30 días, prorrogable por el mismo plazo,  las actividades escolares y laborales en todo el país, salvo los establecimientos y actividades previstas en el artículo 9 del referido Decreto, prestadoras de servicio de salud, alimentación, telefonía, electricidad, transporte de  valores, expendio de combustible, alimentos, entre otros.

 
Por su parte, la Superintendencia de la Actividad Bancaria (Sudeban), en fecha 15 de marzo del presente año, emitió circular Nro. SIB-DSB-CJ-OD-02415, mediante la cual en acatamiento a lo dispuesto en el Decreto Nro. 4.160, suspendió a partir del 16 de marzo del presente año la atención al público en taquilla, limitando el servicio bancario solo a la banca en línea y los cajeros automáticos.
 
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, desde el 13 de marzo del presente año mediante Resolución ha acordado suspender las actividades judiciales en todos los tribunales a nivel nacional, prorrogando dicha suspensión hasta el 12 de agosto del año en curso, permaneciendo en consecuencia suspendidas todas las causas y lapsos procesales, admitiendo la habilitación de los mismos solo para que se proceda al despacho de asuntos calificados como Urgentes.
 
La referida suspensión no aplica para tribunales con competencia en materia penal, así como tampoco para  tramitar y sentenciar los recursos de amparo constitucional que a bien quisiera incoar los interesados, considerándose el órgano judicial competente habilitado todos los días para este efecto.
 
El 12 de abril del presente año, la Presidencia de la República, mediante Decreto Nro. 4.186, acordó prorrogar por 30 días adicionales el estado de alarma en todo el territorio nacional dictado mediante el Decreto Nro. 4.160 y por ende, la suspensión de actividades laborales y escolares por el mismo plazo, salvo las excepciones dispuestas en el artículo 9  delreferido Decreto Nro. 4.160.
 
Recientemente, mediante Decreto Nro. 4.247 del 10 de julio de 2020, la Presidencia de la República acordó por 30 días el estado de alarma en todo el territorio nacional, pudiendo prorrogarlo por este mismo plazo hasta tanto se estime contenida la pandemia generada por el Covid-19.
 
En atención al estado de alarma y a la cuarentena impuesta por la Presidencia de la República en todo el territorio nacional, cuestionamos si dicha situación califica como una causa extraña no imputable que impida al deudor el cumplimiento voluntario de su obligación de pago frente al acreedor.
Para ello, consideramos oportuno iniciar nuestro análisis con el significado que tanto para la doctrina como para la jurisprudencia tiene la causa extraña no imputable.
 
La doctrina, define la causa extraña no imputable como todos los hechos sobrevenidos, posteriores al nacimiento de la relación entre las partes  que obstaculizan o impiden que el deudor cumpla de forma voluntaria su obligación de pago frente al acreedor.
 
En ese caso, queda obligado el deudor a demostrar al acreedor  que dicho incumplimiento fue sin culpa, es decir, que no ha habido mala fe de su parte del incumplimiento de pago de sus obligaciones.
 
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sala de Casación Social, en sentencia de fecha 03 de junio de 2015,señaló que la causa extraña no imputable se manifiesta de diferentes formas“(…)cuando el deudor pueda probar que el incumplimiento de su obligación es debido a una causa extraña  no imputable, como es el caso de el hecho de un tercero, el caso fortuito o de fuerza mayor como el hecho del príncipe, o cualquier otra circunstancia que constituya una de las formas bajo las cuales ésta pueda verificarse, y que en razón de esa causa se produjo una imposibilidad absoluta y sobrevenida de cumplir lobligación cuyo hecho fue imprevisible, inevitable y con ausencia total de culpa por parte del deudor, ello dará lugar para que se establezca un eximente de responsabilidad para el deudor con efectos liberatorios de sus obligaciones. …” (Negrillas nuestro).
 
A criterio del TSJ, la causa extraña no imputable es una situación o hecho inevitable e imprevisible que se manifiesta de mucha formas como serían, entre otras, el caso fortuito yla fuerza mayor,cuya ocurrencia hace inevitable que el deudor cumpla de forma voluntaria con  su deber frente al acreedor, haciendo que se establezca un eximente de responsabilidad penal liberándolo así de su obligación, quedando en sus  manos probar que dicho hecho es derivadode la naturaleza (caso fortuito), o bien, del hombre o de una autoridad superior (fuerza mayor) que  dieron lugar a la inejecución de la obligación, verificando así la ausencia de culpa.
 
Siendo la causa extraña no imputable un concepto de naturaleza civil como eximente de responsabilidad penal,  en el ámbito tributario el mismo se encuentra presente en el artículo 85, numeral 3ero del Código Orgánico Tributario bajo la figura del caso fortuito y la fuerza mayor cuya ocurrencia afecta la esfera jurídica del sujeto pasivo, toda vez que le impide de forma temporal o definitiva el cumplimiento de su obligación frente al sujeto activo.
 
Bajo ese contexto para que la  pandemia derivada por el Covid-19 sea considerada un caso fortuito o de fuerza mayor y por tanto, un eximente de responsabilidad penal tributaria debe de evaluarse: a) Si se trata de un hecho de la naturaleza que su sola ocurrencia afecta directamente la salud del sujeto pasivo, impidiéndole llevar a cabo las labores requeridas para poder cumplir a cabalidad la obligación  tributaria contraída (caso fortuito); b) Que por su ocurrencia la OMS lo haya declarado como pandemia, obligando al gobierno a dictar medidas de alarma en todo el territorio nacional para evitar la propagación del mismo tales como la suspensión de actividades,  la limitación de la libre circulación y el confinamiento en el hogar, los cuales por ser imprevisibles e inesperados para el sujeto pasivo restringen y obstaculizan su actuación, afectando así el cumplimiento de la obligación jurídica tributaria contraída (fuerza mayor).
 
Se trata de elementos a ser probados por el sujeto pasivo a los fines de demostrar que el incumplimiento involuntario de la obligación jurídica tributaria se debe a un hecho no imputable a éste, inevitable  e imprevisible y con ausencia de culpa, lo cual lo exime de responsabilidad  frente a la Administración Tributaria.
                                                                                                                                                                
María Eugenia Cova Salazar
Director
LM Cova Servicios SC

 
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Autor

MARÍA EUGENIA COVA SALAZAR

Abogado Caracas- Universidad Santa María, Post Grado Derecho Tributario mención Tributación Caracas-Universidad Santa María, Post Grado Derecho Económico Caracas, UCAB, Coautora de publicaciones Guía Práctica para la Elaboración de Libros Auxiliares de Compra y Venta del IVA, Autora de publicaciones: El IVA y los Contribuyentes Especiales como Agentes de Retención, Quiénes serán los nuevos contribuyentes del IVA, En vigencia exención del ISLR dispuesta en la Ley del Libro, Incentivos fiscales aseguran inversión foránea, Reformas tributarias, Precios de Transferencia I y II, LRRFPOTN. La Ley del perdón tributario. Directora de la Firma LM Cova Servicios SC. Profesor de Postgrado Universidad Católica del Táchira.