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Firma especializada Torino: Ley Antibloqueo no podrá con la recesión en 2021

25/11/2020
Torino Economics, la unidad de investigación de la consultora Torino Capital, señala en su más reciente informe sobre Venezuela que la aprobación de este tipo de leyes por parte de la ANC implicaría una usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional (AN), lo cual en primera instancia ya pone en cuestionamiento la referida ley.


Añade Torino Economics que el instrumento jurídico promovido por el gobierno de Nicolás Maduro no supone más que la “legalización” de lo que se viene gestando a nivel normativo a partir del 2016momento desde el cual se ha prorrogado 28 veces el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica emitido en enero de ese año, en medio de la denominada “guerra económica”, el cual ha otorgado a Maduro poderes equiparables a los que permitiría la Ley Antibloqueo.

Consecuentemente, las presiones ejercidas por las sanciones estadounidenses en lugar de derivar en la salida del poder de la administración de Maduro han promovido el fortalecimiento de los vínculos con países adversos a las políticas de EE. UU. Un buen ejemplo de esto es la reciente visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Rusia, durante la cual se anunció el desarrollo de 264 proyectos bajo la Ley Antibloqueo.

De esta manera, de la misma forma en que Venezuela sirvió de plataforma para la introducción de China en América Latina durante el gobierno de Chávez, se observa cómo actualmente la administración de Maduro ha utilizado estas alianzas como un camino de salida a las presiones ejercidas por las sanciones, mientras que países con regímenes como el iraní buscan oportunidades para estrechar lazos comerciales dentro de la región, destacando que la semana del 4 de noviembre el canciller iraní inició una gira por el continente.

¿Existe control sobre la Ley Antibloqueo?
De acuerdo con lo expuesto del Art. 12 al 14 del Cap. I, corresponde al Consejo de Estado la supervisión y seguimiento de la implementación de esta Ley Constitucional y de su eficacia. A tal efecto, dicho Consejo celebrará reuniones bimestrales de evaluación y recomendará al Ejecutivo Nacional las acciones tendentes a mejorar su eficiencia o facilitar su implementación.

Además, todos los actos públicos dictados en aplicación de esta Ley Constitucional quedan sometidos a control posterior por parte de la Contraloría General de la República, señala Torino Economics en su informe.

Por otra parte, del Art. 15 al 16 del Cap. I, se indica la creación de dos entes: el Centro Internacional de Inversión Productiva, que se encargará del registro, estudio y seguimiento de las medidas coercitivas unilaterales (MCU), así como la promoción de los proyectos productivos derivados de la aplicación de esta Ley Constitucional.

A su vez, contará con el Observatorio Nacional sobre las MCU y otras medidas, el cual está destinado al estudio académico de los procesos de implementación y de sus resultados, para ponerlo a disposición del Poder Público.

No obstante, no se tiene más información sobre estos entes. Lo que se conoce solamente hasta ahora es que el jefe responsable de dicho Centro sería el abogado Héctor José Silva Hernández, quien, según lo señalado por Maduro, venía ejerciendo la presidencia del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), además de ser viceministro de Comercio Exterior.

De esta manera, ante el desconocimiento de los avances de los entes creados para la supervisión de las acciones ejecutadas bajo esta ley, y considerando el elevado control que ejerce la administración de Maduro sobre los poderes públicos, no se proyecta una supervisión y un control efectivo por parte del Consejo de Estado, ni de la Contraloría General, la cual actualmente dirige Elvis Amoroso (perteneciente al partido de gobierno), quien fue designado por la ANC, la cual ha estado desde su elección en el año 2018, ejecutando funciones que corresponden, constitucionalmente,  a la AN.
 
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