Plantearse la evaluación económica de cualquier propuesta a partir del marco jurídico existente es un error porque en Venezuela al momento de formular decretos, normas, ordenanzas, reglamentos y leyes jamás se hizo una rigurosa evaluación de impacto, de consistencia, de contrariedad de unas con otras, de costo beneficio y de imprecisión.

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Esta condición institucional coloca al ciudadano y a las organizaciones en una situación de defección al dejar a la discreción del poder judicial la identificación interesada de cualquier subterfugio a favor o en contra según el criterio de quien administra la ley. 

Es un desatino pensar que este problema institucional corresponde exclusivamente al populismo en su variante del socialismo del siglo XXI, es de vieja data, es un pecado original con el cual nace la democracia luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez.

Al inicio no se percibieron los síntomas, ni los signos del mal, primero, porque la probidad y la rectitud de los miembros del poder judicial permitían en función de su talante ético y profesional tomar decisiones justas a pesar de la maraña legal, segundo, porque la holgura económica-financiera del país permitía esos entuertos sin mayores daños, ni necesidad de mancharse con corruptelas, tercero, porque al populismo para asentarse en el poder no le hacía falta aún hacerse hegemónico como estilo de gobernanza, y cuarto, porque antes prevalecía una cultura de confianza hacia las instituciones fundada sobre la verdad y la carga de las pruebas de refutación o de validación en lugar de una cultura donde el relativismo del saber da más fuerza al simplismo lógico, a la opinión fundada en creencias y emociones y a las teorías complotistas, es el desorden cuando la verdad no importa y los hechos mucho menos. 

En lugar de críticas pensamos conveniente pensar en lo económico desde la economía, primero, presentar una propuesta que asegure recursos financieros externos para sortear, en tiempo real, el problema de la emergencia sanitaria, alimentaria y laboral, segundo, la definitiva eliminación de toda forma de emisión irresponsable de dinero, de déficit fiscal y del mal gasto público, tercero, la estabilización del mecanismo de ajuste de pagos internacionales con un anclaje fundado en el dólar o en un "criptoactivo", quinto, la liberación de la asfixia regulatoria, y sexto, un verdadero programa de empoderamiento y restitución del capital social para eliminar la pobreza.

Proponer desde el marco regulatorio existente es imposible porque siempre habrá un decreto, una ordenanza, un reglamento, una ley que lo impide, nos enfrentamos al mal mayor: la asfixia regulatoria